Cuando el Parlamento Catalán aprobó hace años ya, el proyecto de reforma de su Estatut, (del que ha emanado todo lo sucedido posteriormente) alguien (para qué decir quién) se jactó de que al fin se iba a acabar el subsidio que Cataluña daba a otras zonas del Estado. Y claro, las encuestas posteriores nos revelaban que un inmenso tanto por ciento de gente “de otras zonas” se mostraba contrario a ese Estatut.
¿Contrario al Estatut o contrario a la recaudación de impuestos que se plasmaba en el mismo? Una vez más se hacía necesario aclarar: “Se trata de economía, estúpido”.
Verán ustedes, cuando un andaluz paga el importe de su recibo mensual de electricidad -la electricidad que utiliza para trabajar y producir en Andalucía-, más el IVA que le acompaña, y lo hace con un dinerito que le ha costado mucho esfuerzo reunir, el importe abonado viaja a Barcelona… acompañado de sus impuestos correspondientes. Si ese mismo currante utiliza en su trabajo un teléfono móvil de la gran multinacional española, el gasto del mismo, junto a sus impuestos, no lo olvidemos, se marcha para Madrid. Y si ese consumidor andaluz tiene una cartilla de ahorros en cierto banco cuyas iniciales empiezan por B y terminan por A, los impuestos que se carguen en dicha cuenta, añadidos a las comisiones, intereses, gastos, mantenimientos, etc., se irán camino de Bilbao.
¿Lo entienden? Pues bien, esto es lo que se llama “Efecto Sede”.
Las grandes empresas tienen su sede -su domicilio social- en las principales ciudades del país y allí van a parar los impuestos de los productos o servicios que les compramos. Por lo tanto, en esas ciudades se pagan muchos más impuestos que en las demás y los ciudadanos que viven en ellas pueden presumir de que aportan más al Estado que otras zonas del territorio. El que ha trabajado para producir el impuesto y luego lo ha pagado queda como un subvencionado y el que lo recibe, trabaje o no, como subvencionador.
Para que lo comprendan mejor: si un día esas empresas, las gordas, decidieran trasladar sus sedes a un pueblo abandonado -sin habitantes- de la provincia de Soria y de allí trimestralmente salieran las declaraciones de IVA, las retenciones de IRPF, las declaraciones de la renta, etc., resultaría que ese pueblo estaría subvencionando a todo el Estado. Sería el pueblo más trabajador de España… aunque no tuviera un solo habitante.
¿Lo entienden? Como muy pocas empresas -de las grandes- tienen su sede en Andalucía, aquí recaudamos poco y, por lo tanto, aunque paguemos muchos impuestos con el dinero ganado con nuestro esfuerzo y sudor, siempre seremos unos “subvencionados”.
Nación, lengua, patria… ¡ja! florituras, poesía que diría el Séneca. La pela es la pela. ¿Quieren una ley revolucionaria para proponerla en el infrautilizado Parlamento de Andalucía? Ahí va por si algún político se atreve a proponerla: “Andalucía recibirá el 50 % del IVA, el 50% del IRPF y el 58 % de los impuestos especiales que los ciudadanos abonen en su territorio”.
Les aseguro que nadie, nunca más, volvería a llamar flojo y subvencionado al pueblo andaluz.
Tomás Gutier
Centro de Estudios Históricos de Andalucía